DHS Contractors Battle Over Deportation Dollars

Mientras empresas con fines de lucro pugnan por contratos del ICE, los inmigrantes están entre la espada y la pared

“Actualmente hay muchísimo dinero en juego con la detención de personas”.

Por Dan Friedman, Will Sytsma, Nick Schwellenbach
Traducido por Patricia Guadalupe

Este reportaje es una colaboración de Mother Jones, POGO Investigates, y el Investigative Reporting Workshop en American University.

William Walters lucha por conservar un enorme contrato gubernamental. Desde el año pasado, la empresa de Walters — Salus Worldwide Solutions — maneja un programa de perfil alto de la administración Trump que ofrece vuelos gratuitos y dinero en efectivo a los inmigrantes indocumentados que aceptan la “autodeportación”. Y, al mismo tiempo, los críticos y competidores de Walters han intentado arrebatarle este contrato a su compañía.

El contrato lucrativo — valorado en hasta 915 millones de dólares — ha suscitado críticas en el Capitolio tras las acusaciones de que Salus consiguió el contrato mediante un proceso que parecía favorecer a la empresa. Pero Walters asevera que los problemas de su compañía están siendo instigados por contratistas rivales. Ha señalado directamente al gigante de las prisiones privadas GEO Group y a CSI Aviation, una firma que gestiona vuelos de deportación involuntaria. Según argumenta Walters, dichas empresas intentan socavar los esfuerzos de Salus en materia de autodeportación porque obtendrían mayores ganancias si los migrantes permanecieran tras las rejas durante períodos más prolongados antes de ser deportados por la fuerza.

“GEO Group y CSI Aviation ... son las empresas que más se beneficiarían de una detención más prolongada y de la deportación bajo custodia de inmigrantes encadenados”, Walters denunció recientemente después de que el representante Bennie Thompson — el demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes — instara al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a cancelar el contrato de Salus.

Hasta ahora, Walters no ha presentado pruebas directas que respalden sus afirmaciones de que estas empresas han “manejado” el escrutinio del Congreso o de los medios de comunicación sobre Salus, aunque CSI Aviation y GEO Group sí ejercen presión ante el Congreso en asuntos relacionados con la inmigración. GEO Group y CSI Aviation no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios; Navigators Global, una empresa de cabildeo de Washington, D.C. que trabaja con ambas empresas, tampoco respondió a una consulta.

Pero no cabe duda de que Salus, CSI, y GEO se disputan partes del negocio de las deportaciones masivas surgido durante la era Trump. En este mercado en expansión, las personas que se enfrentan a la deportación — ya sea que estén recluidas en campamentos insalubres, sean expulsadas del país por vía aérea a la fuerza, o acepten marcharse bajo amenaza de detención— son consideradas mercancía.

“La administración Trump abrió las compuertas para que estas empresas depredadoras entraran y se lucraran con la detención de seres humanos”, afirmó Jennifer Ibáñez Whitlock, abogada principal de política del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés). Señaló que, más allá de las empresas de aviación y de prisiones privadas, hay empresas que obtienen beneficios proporcionando alimentación, servicios de lavandería y otras prestaciones a las decenas de miles de personas que permanecen bajo custodia del ICE cada día. “Actualmente, hay muchísimo dinero en juego con la detención de personas”, comentó.

La campaña de “autodeportación” del DHS se ha convertido en un pilar fundamental de los esfuerzos de la administración para expulsar a millones de inmigrantes del país. En teoría, la idea es relativamente sencilla: ante la amenaza de las medidas migratorias de mano dura del presidente Donald Trump, los inmigrantes indocumentados pueden optar por abandonar sus gestiones legales para permanecer en Estados Unidos y regresar voluntariamente a sus países de origen. Desde que la Casa Blanca puso en marcha el “Proyect Homecoming” (Regreso a Casa) en mayo del año pasado, la administración ha recurrido a una intensa campaña — que incluye publicaciones en redes sociales, entrevistas televisivas, y la distribución de folletos en tribunales de inmigración y centros de detención — para instar a los inmigrantes a “marcharse por su propia voluntad”.

Salus, la única empresa con un contrato federal para facilitar las autodeportaciones, ha llevado esta iniciativa a decenas de centros de detención del ICE en todo el país. El contrato que la empresa mantiene con el DHS le encomienda apoyar el “Proyect Homecoming” mediante la inscripción de detenidos para la autodeportación, la compra de boletos de avión, la tramitación de “pagos de salida”, contratar vuelos, y la prestación de otros servicios. Salus aporta el “único personal presente en las instalaciones dedicado a identificar y ayudar en la tramitación de los candidatos a la salida voluntaria”, según consta en un documento judicial.

Salus afirma que, frente a la dura realidad de la detención prolongada por parte del ICE, su programa de autodeportación ofrece un “enfoque más humano y digno para la salida de inmigrantes indocumentados”. Sin embargo, algunos críticos — entre ellos abogados de migrantes contactados por representantes de la empresa — sostienen que la opción que se ofrece a los detenidos puede resultar coercitiva.

“'Es muy poco probable que un contratista privado del gobierno, que no es abogado, actúe en beneficio de la persona detenida'."

Según Emilie Raber, abogada principal del Centro Amica Para Derechos de los Inmigrantes las condiciones en los centros de detención del ICE son uno de los factores más importantes que los detenidos suelen considerar al decidir si continúan litigando sus casos de inmigración ante los tribunales o si abandonan el país voluntariamente. Dichas condiciones pueden ser deplorables e incluso mortales; la cifra de muertes en los centros del ICE este año va camino de superar la registrada en 2004, que hasta la fecha ostenta el récord anual más alto. La administración a menudo ha presentado el carácter riguroso de la detención como una característica deliberada, y no como un fallo del sistema, especialmente en el caso del centro de Florida conocido como “Alligator Alcatraz”, que ya ha sido clausurado.

Es difícil pasar por alto la amenaza implícita. “Váyanse bajo sus PROPIAS condiciones”, advirtió ICE a los migrantes en una publicación en redes sociales el pasado mes de septiembre. “EVITEN LA CELDA. EVITEN LA HUMILLACIÓN”. El año pasado, la exsecretaria de DHS Kristi Noem lanzó una campaña publicitaria de 220 millones de dólares que difundía ese mensaje, acompañada de imágenes de detenidos esposados mientras eran llevados a la fuerza a los aviones.

Las operaciones de autodeportación de Salus tienen un alcance muy amplio. Un análisis de las ofertas de empleo revela que la empresa y su subcontratista, BDR Strategic Services, han estado contratando a “gerentes de inscripción en los centros” y “agentes de apoyo a detenidos” en las cercanías de centros de detención de todo el país. En un documento judicial presentado en diciembre, Salus informó que había desplegado “equipos de gestión de inscripciones” — compuestos por dos personas — en dichos centros para reclutar migrantes para el programa. Para principios de julio, sus empleados habían accedido a al menos 50 centros en todo el país, según un documento compartido por Walters. La empresa afirma haber facilitado cerca de 80,000 autodeportaciones.

A mediados de abril, un empleado de Salus se acercó a un inmigrante centroamericano en un centro de detención del ICE en el estado de Luisiana con un paquete de documentos para la autodeportación, según informaron Raber y Amelia Dagen, abogados del detenido. Los abogados prefirieron no revelar el nombre de su cliente debido a preocupaciones sobre su privacidad y lo delicado del caso. En un correo electrónico dirigido a Raber, un fiscal federal confirmó la participación de Salus.

Según Raber, Salus presentaba su programa a muchos detenidos del centro como una vía para salir de la detención. Los documentos no estaban en español — la lengua materna de su cliente — pero este entendió que Salus ofrecía una “salida voluntaria”. Raber señaló que su cliente padecía de una afección médica preexistente que no fue tratada durante su detención. (No pudimos verificar de forma independiente el estado de salud del detenido, pero la atención médica deficiente es habitual en los centros de detención de ICE). Aun así, el cliente se negó a firmar los documentos.

Un portavoz de Salus declaró que la empresa no disponía de información suficiente para pronunciarse sobre este caso en específico, pero añadió en un correo electrónico que, “si bien los formularios específicos del DHS están en inglés, los formularios propios de Proyect Homecoming se presentan en inglés y español”. El portavoz de la compañía señaló asimismo que todas las decisiones sobre la elegibilidad corresponden, en última instancia, al gobierno. “Salus no determina la elegibilidad para la salida voluntaria ni la autoriza; dichas decisiones son competencia exclusiva del DHS”.

Las salidas voluntarias existían antes de que Trump regresara al cargo, pero la iniciativa de la administración de fomentar la autodeportación ha suscitado inquietud entre algunos abogados de inmigración, quienes señalan que, en la práctica, este proceso no parece contar con las mismas salvaguardias procedimentales que antes. Dagen afirma que no está claro si la autodeportación, tal como se aplica actualmente, garantiza siempre que los detenidos puedan ejercer su derecho a contar con un abogado o si obliga a ICE a cumplir con los beneficios prometidos por el gobierno, como los pagos de salida y los recursos legales. “Si la autodeportación implica pedir a las personas que renuncien a la oportunidad de acudir a los tribunales”, advierte Dagen, “también están renunciando al derecho a conocer sus derechos y a hacerlos valer”.

“Dado que la detención es intrínsecamente coercitiva, la mejor manera de que una persona tome una decisión informada es teniendo la oportunidad de hablar con un abogado de inmigración sobre los detalles de su caso particular”, añade Whitlock, del Centro Nacional de Leyes Migratorias. “Es muy poco probable que un contratista privado del gobierno, que no es abogado, actúe en beneficio de la persona detenida”.

En respuesta a diversas consultas, un portavoz de DHS afirmó que e ICE proporciona a todos los detenidos una lista aprobada por una corte de abogados que ofrecen sus servicios de forma gratuita o a bajo costo, además de facilitarles acceso a bibliotecas jurídicas, servicios de traducción, y teléfonos para comunicarse con sus abogados. Sin embargo, los abogados de los detenidos han señalado que sus clientes no siempre disponen de acceso suficiente a asistencia legal mientras permanecen bajo custodia. Por ejemplo, en una declaración judicial presentada en enero, un abogado radicado en Minnesota relató haber pasado muchas horas llamando al número de contacto de los agentes de una oficina regional de ICE el cual se les había indicado usar para localizar a sus clientes y acceder a ellos y afirmó que solo en una ocasión alguien respondió a la llamada.

"Según un documento judicial presentado por el gobierno, un funcionario de DHS señaló en un momento dado que las acciones del departamento 'parecía favorecer a Salus'."

El contrato de Salus pronto se vio envuelto en la polémica. Según señalaron los críticos, Walters ha cultivado vínculos con el movimiento MAGA, incluyendo una donación realizada en octubre de 2024 a un comité de acción política (PAC, en inglés) vinculado a Noem, quien ocupaba el cargo de Secretaria de DHS cuando se otorgó el contrato. Tal como informaron Mother Jones y POGO Investigates, el año pasado CSI Aviation demandó a DHS en un intento por anular el contrato, argumentando que el departamento había llevado a cabo un proceso fraudulento para darle el trabajo a Salus. CSI sostuvo que las acciones del DHS le impidieron competir y beneficiaron indebidamente a Salus.

La demanda sacó a la luz un reconocimiento por parte del gobierno de que, antes de otorgar el contrato, funcionarios de DHS habían “compartido con Salus información presupuestaria y operativa de alto nivel que no estaba disponible al público”. Según un documento judicial presentado por el gobierno, un funcionario de DHS señaló en un momento dado que las acciones del departamento “parecía favorecer a Salus”. (Dicho funcionario concluyó finalmente que el departamento había tomado medidas suficientes para mitigar los problemas).

En mayo de 2026, un juez falló en contra de CSI tras determinar que la empresa no había demostrado que pudiera haber hechoo el trabajo. El juez también expresó su “confianza” que las actuaciones del DHS fueron correctas, “al menos basándose en el expediente administrativo presentado ante este tribunal”. No obstante, el acuerdo suscitó escepticismo entre los demócratas del Congreso e incluso entre algunos funcionarios de la administración Trump. En julio, el DHS anunció planes para convocar un nuevo proceso destinado a sustituir el contrato que Salus actualmente tiene.

Walters y la red de empresas vinculadas a él se han visto envueltos en otras polémicas. En marzo, Mother Jones y POGO Investigates reportaron sobre el papel de empresas relacionadas con Walters en la contratación de aviones de lujo y otras aeronaves para DHS. Esto incluye el ya conocido “Big, Beautiful Jet” (Gran y Hermoso Avión) en el que volaron Noem y su principal asesor, Corey Lewandowski. Dicho avión se convirtió en un foco de críticas hacia Noem durante las audiencias en el Congreso celebradas en marzo, las cuales precipitaron su destitución.

Salus ha atribuido el escrutinio, en parte, a sus rivales corporativos. En una carta enviada al Congreso en abril, Walters señaló que estos competidores controlan una parte mucho mayor del sector de las deportaciones que Salus, y argumentó que su dominio le cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes y aumenta el tiempo que los inmigrantes pasan en detención. “Entre 2022 y 2025, cuatro de esas empresas que han basado su negocio en centros de detención privados y vuelos de deportación forzosa han recibido contratos por valor de más de 7,000 millones de dólares; una cifra superior a la suma de los contratos otorgados a los 43 siguientes contratistas del ICE”, escribió.

Según Walters, la labor de Salus para facilitar las autodeportaciones desde mayo de 2025 “ha ahorrado al DHS más de 2,000 millones de dólares en comparación con las deportaciones forzosas”. Esto, señaló, suponía una amenaza directa para los beneficios de empresas como GEO y CSI, que “adoptan un enfoque menos humano”.
Por su parte, GEO Group ha negado sistemáticamente ejercer presión para aumentar el tiempo que los detenidos pasan en sus instalaciones. “No adoptamos ninguna postura ni hemos abogado nunca a favor o en contra de políticas de justicia penal o de inmigración, tales como la criminalización de conductas, la duración de las penas o los motivos y la duración del encarcelamiento o la detención de una persona”, afirma la empresa en su sitio web.

En su carta a los legisladores, Walters también cuestionó un reportaje de la cadena de noticias NBC en marzo que citaba a una fuente anónima; esta afirmaba que Salus había presionado a una “empresa de mercadeo” no identificada que buscaba un subcontrato para que se asociara con una compañía vinculada a Lewandowski. Dicha noticia llevó al representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes. a preguntar a Walters si Lewandowski o alguien vinculado a él había solicitado alguna vez algo de valor a Salus a cambio de un trato favorable, o si Salus había ofrecido o entregado algo de valor a Lewandowski. Tanto Lewandowski como Salus han negado haberlo hecho.

En respuesta a los legisladores, Walters insinuó que sus competidores estaban detrás de las noticias negativas sobre su empresa. “Cuando esos competidores no lograron conseguir un contrato a través de una competencia justa para la que no estaban cualificados, y cuando el DHS tuvo el descaro de oponerse a la protesta sobre el contrato ante un tribunal federal, recurrieron a cabilderos y a “reporteros” sin ética para engañarles y acusarnos de delitos tan inverosímiles como indignantes”, escribió Walters. (Salus no ha alegado que los reportajes publicadas por Mother Jones y POGO sea incorrectas)Walters también facilitó a los legisladores correos electrónicos que David Panzer, abogado de Salus, había enviado a un reportero de NBC antes de que se publicara el reportaje de dicha cadena; entre ellos figuraba uno en el que calificaba de “totalmente falsas” las afirmaciones por las que el reportero había preguntado.
“A Salus le preocupa que le estén dando información falsa”, escribió Panzer al periodista el 16 de marzo. Tras la publicación del reportaje, Panzer escribió al principal abogado general de NBC exigiendo que la cadena se retractara de la información difundida y amenazando con emprender acciones legales. Días después, NBC actualizó la noticia incluyendo comentarios adicionales de Salus.

"Sin embargo, a pesar de la animosidad y las disputas legales, el negocio de “autodeportación” de Salus parece beneficiarse de las duras tácticas de detención y deportación de sus rivales."

NBC News no respondió a una solicitud de comentarios.

Una de las razones por la que Walters reacciona con molestia ante las acusaciones de que su empresa se ha beneficiado del favoritismo gubernamental es que, a su juicio, el sistema en realidad ya está organizado en su contra. GEO y CSI Aviation mantienen estrechos vínculos con la administración. El nuevo director interino del ICE es David Venturella, exejecutivo de GEO Group. Tom Homan, el llamado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, trabajó anteriormente como consultor de GEO. Allen Weh, director ejecutivo de CSI, organizó un mitin de campaña para Trump días antes de las elecciones de 2024.

“Los registros muestran el mismo patrón recurrente”, argumentó Salus en un documento adjunto a la carta de Walters al Congreso: “el uso reiterado de contratos de fuente única, de fuente limitada, contratos de continuación, solicitudes de contratos con un solo oferente, u otros mecanismos sustancialmente no competitivos” que benefician a CSI y a otros competidores de Salus.

Uno de esos contratos “provisionales” ha sido objeto de críticas en una nueva demanda colectiva contra CSI y su subcontratista GlobalX, presentada por venezolanos deportados a la prisión de mala fama CECOT de El Salvador. La demanda señala que CSI e ICE acordaron modificar su contrato el día anterior al despegue de los aviones de traslado. Según la demanda, tanto el contrato como la modificación “tenían el claro objetivo de implementar el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para trasladar a migrantes venezolanos al CECOT”. Ninguna de las empresas respondió a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Sin embargo, a pesar de la animosidad y las disputas legales, el negocio de “autodeportación” de Salus parece beneficiarse de las duras tácticas de detención y deportación de sus rivales. En un correo electrónico, un portavoz del DHS refutó la idea de que el acuerdo fuera coercitivo, declarándolo como “categóricamente falso que presionáramos a alguien para autodeportarse”.

Sin embargo, en el mismo correo electrónico, el portavoz escribió que “estar detenido es una decisión propia”, y añadió: “Instamos a todos los ilegales a tomar el control de su salida mediante la aplicación CBP Home”. El portavoz señaló que los inmigrantes deberían “aprovecharse” de los 2,600 dólares y los vuelos gratuitos. “De lo contrario, serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar”.

Y continúa la campaña de comunicación pública. En un comunicado de prensa del 23 de julio, el DHS afirmó haber impuesto multas por valor de 84,000 millones de dólares a “ilegales que se niegan a abandonar Estados Unidos”.

“Nuestro mensaje para los ilegales es claro”, declaró un funcionario del departamento en el comunicado. “LÁRGENSEN AHORA. Si no lo hacen, sufrirán las consecuencias, incluyendo multas, arresto, y deportación”.