Troubled ICE Medical Provider Remains at Camp East Montana Despite Outcry
Camp East Montana’s current medical provider has a yearslong paper trail of poor management and substandard medical care.
(Illustration: Leslie Garvey / POGO)
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El preocupante proveedor de servicios médicos del ICE permanece en Campamento East Montana a pesar de las protestas.
El actual proveedor de servicios médicos del Campamento East Montana cuenta con un historial documentado que abarca años de mal manejo y atención médica deficiente.
Por Julienne McClure, Luisa Clausen & René Kladzyk
Traducido por Patricia GuadalupeEn marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) despidió al contratista de la empresa que operaba el Campamento East Montana — el centro de detención del ICE más grande del país — en medio de muertes, un brote de sarampión, y denuncias de atención médica deficiente. Sin embargo, el centro siguió usando discretamente al mismo proveedor de servicios médicos.
Loyal Source Government Services, una empresa que ostenta contratos federales lucrativos de más de 2,000 millones de dólares pese a un historial de negligencia médica, ha seguido sirviendo como subcontratista encargada de la atención médica en el Campamento East Montana, el problemático centro de detención de ICE en El Paso, Téxas. Así lo señalan dos oficinas del Congreso, basándose en información facilitada por el propio ICE.
“Instalar a Loyal Source en Camp East Montana es un desastre absoluto”, afirmó Charles Tiefer, experto en contratación pública federal y profesor de derecho de la Universidad de Baltimore. “Se está combinando a un contratista con un historial muy cuestionable y unas instalaciones que están en ruinas”.
El 11 de marzo, el ICE despidió al contratista principal del Campamento East Montana tras recibir informes sobre condiciones inhumanas y negligencia médica. Al anunciarse la nueva empresa contratada, un portavoz de ICE en una declaración al diario El Paso Times elogió los “estándares más elevados de atención médica” de dicha compañía, pero la agencia no aclaró que el proveedor de servicios médicos de las instalaciones seguía siendo el mismo.
En un comunicado enviado por correo electrónico al Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO, por sus siglas en inglés), ICE se negó a confirmar si Loyal Source sigue prestando servicios médicos en el Campamento East Montana. Pero un portavoz de la congresista demócrata Verónica Escobar de Téxas, legisladora que representa a El Paso, señaló que ICE informó a su oficina que Loyal Source continuaba siendo el proveedor de servicios médicos en el Campamento East Montana desde el 4 de mayo. Asimismo, la oficina del representante demócrata Gabe Vásquez de Nuevo México, quien visitó las instalaciones en abril, indicó que durante su visita Loyal Source seguía prestando los servicios médicos en el centro.
Ni Loyal Source ni el actual contratista principal de la instalación, Amentum Services Inc., han respondido a múltiples solicitudes de comentarios.
Escobar afirmó que “no entiende la lógica” de mantener a Loyal Source como proveedor de servicios médicos en el Campamento East Montana. Durante una entrevista, Escobar describió una visita reciente a las instalaciones, donde conoció a un hombre con el antebrazo fracturado que durante semanas había recibido tratamiento únicamente con aspirina. “No le habían reducido la fractura. Literalmente podía ver la rotura”, dijo. “Creo que esto pone de manifiesto lo inaceptable que es la atención médica dentro de esas instalaciones”.
Desde la apertura del Campamento East Montana, los abogados que visitan las instalaciones han dado la voz de alarma sobre deficiencias en la atención médica: medicamentos no administrados, formularios médicos ignorados, y enfermedades sin tratar son aspectos que se mencionan en una queja tras otra. Mientras tanto, Loyal Source atraviesa por su año más lucrativo, con contratos que ha crecido más de un 1,000%: pasando de 155 millones de dólares en 2022 a 1,800 millones en el año fiscal 2026. La gran mayoría de los nuevos contratos de la empresa provienen del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, en inglés) para evaluaciones médicas y exámenes de discapacidad.
El problemático historial de contratación de Loyal Source
Durante años, Loyal Source ha sido objeto de escrutinio debido a la deficiente atención médica en instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), principalmente en centros administrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para procesamiento a corto plazo de inmigrantes. Tan recientemente como en julio de 2024, Loyal Source prestaba servicios de atención médica en más de 80 instalaciones de la CBP en todo el país.
Incluso están atentos dentro del propio DHS. En 2022, ICE no le otorgó a Loyal Source un contrato valorado en casi 3,000 millones de dólares porque el plan de control de calidad de la empresa carecía de un “esfuerzo significativo para la detección de problemas”, según documentos gubernamentales.
En 2023, el Comité Judicial del Senado inició una investigación sobre el desempeño laboral de Loyal Source tras la muerte de una niña de 8 años, Anadith Reyes Álvarez, en una estación de la Patrulla Fronteriza en Téxas.
El informe de la investigación del Senado reveló que se mantenía a niños bajo custodia de la CBP durante demasiado tiempo en instalaciones que sufrían una escasez crónica de personal, sistemas de registros médicos inadecuados, directrices insuficientes para la atención de niños vulnerables, y una falta de supervisión de Loyal Source.
"Las investigaciones previas sobre la empresa no impidieron que los contratistas del ICE emplearan y mantuvieran a Loyal Source como proveedor de servicios médicos en el Campamento East Montana."
El informe de 226 páginas, publicado en 2025, identificó fallos sistémicos en la forma en que el personal de Loyal Source gestionaba los expedientes de los pacientes, lo que contribuyó a una atención deficiente. Las personas que denunciaron las irregularidades, citadas en el informe, señalaron que los profesionales de la empresa a menudo ignoraban el sistema de registros médicos electrónicos de la CBP y optaban por utilizar expedientes en papel. La investigación reveló que el personal citaba “el desconocimiento del sistema, la falta de personal, y el volumen abrumador de personas no ciudadanas que debían procesar a través de él” como razones para no utilizar dicho sistema.
Según el informe, el historial médico de Reyes Álvarez quedó registrado en el documento electrónico de la clínica a su llegada. El personal médico de Loyal Source encargado de su atención en las horas previas a su fallecimiento no consultó su expediente electrónico ni revisó sus antecedentes.
Un portavoz de CBP declaró por correo electrónico que la agencia no puede pronunciarse sobre todos los incidentes ocurridos durante la administración Biden, pero afirmó que bajo Trump, CBP está brindando atención médica conforme a la ley.
“Las acusaciones que tergiversan el trato que CBP dispensa a las personas bajo custodia son irresponsables y socavan la integridad de la aplicación legítima de las leyes de inmigración”, declaró el portavoz a POGO. “CBP cumple con estrictas normas legales y humanitarias, y somete sus instalaciones de procesamiento a una supervisión interna y externa continua para garantizar una atención médica adecuada, nutrición, controles de bienestar, y condiciones humanas”.
El portavoz comentó a POGO que los detenidos disponen de atención médica “desde su ingreso y durante todo el tiempo en que permanecen bajo custodia”.
Las investigaciones previas sobre la empresa no impidieron que los contratistas de ICE emplearan y mantuvieran a Loyal Source como proveedor de servicios médicos en el Campamento East Montana.
“Me parece bastante increíble que el nuevo contratista no reconozca que era necesario realizar un cambio significativo”, dijo Escobar.
Atención médica “espantosa” en el Campamento East Montana
Legisladores como Escobar han expresado reiteradamente su preocupación por la atención médica en el Campamento East Montana, exigiendo su cierre e incluso culpando negligencia médica por la causa de una de las muertes ocurridas en dichas instalaciones.
La propia oficina de supervisión de centros de detención de ICE determinó que las instalaciones incumplieron al menos 49 normas de detención de inmigrantes durante una inspección realizada en febrero de 2026. El informe interno reveló múltiples deficiencias en la atención médica, entre ellas que el personal no aislaba adecuadamente a las personas con síntomas de tuberculosis ni registraba correctamente los controles de la unidad médica destinados a prevenir el suicidio.
Incluso los esfuerzos del Congreso por ejercer labores de supervisión se han visto obstaculizados por el campamento. Cuando la representante demócrata Kelly Morrison de Minnesota visitó el Campamento East Montana en marzo, se le negó el acceso a los residentes de su estado allí recluidos, a pesar de sus reiterados intentos.
“Lo que vi aquí fue espantoso”, dijo Morrison, quien es doctora, en un video publicado sobre su experiencia. “He oído de una mujer embarazada en el tercer trimestre que no estaba recibiendo la atención prenatal adecuada”.
La negligencia médica en los centros de detención de ICE puede tener consecuencias de vida o muerte. Al menos tres personas detenidas en el campamento han fallecido en los últimos meses. Francisco Gaspar-Andrés, un hombre guatemalteco de 48 años, es una de ellas. Su muerte “parece ser, en parte, resultado de una atención médica deficiente por parte del personal del campamento”, según una carta enviada en febrero por 24 legisladores que exigían el cierre de las instalaciones. Gaspar-Andrés falleció el 3 de diciembre, tras haber solicitado atención médica al personal del campamento desde el 23 de septiembre debido a diversos síntomas, según la versión de ICE. La carta de los legisladores señalaba que solo fue trasladado a un hospital cercano “una vez que su estado de salud se había deteriorado gravemente”.
ICE refuta esta descripción. “Desde el momento en que se les notificó su crisis de salud, el personal médico de ICE aseguró de que recibiera atención constante y de alta calidad”, declaró ICE en un comunicado de prensa sobre su fallecimiento.
Grupos de defensa de derechos han denunciado las condiciones en el campamento. Una coalición de organizaciones sin fines de lucro, encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), entrevistó a 45 personas recluidas en dicha instalación y 16 relataron sus experiencias en declaraciones juradas bajo pena de perjurio. Los testimonios usaron seudónimos por temor a represalias por parte de ICE. En dichas declaraciones, los inmigrantes detenidos describen abusos físicos por parte de los agentes, intentos de forzarlos mediante amenazas y violencia física a aceptar la autodeportación, alimentación insuficiente, el negarles acceso a asesoría legal, y negligencia médica.
DHS ha refutado categóricamente las descripciones alarmantes sobre la atención médica en el Campamento East Montana. “Esta es la mejor atención médica que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, declaró en septiembre Tricia McLaughlin, exsubsecretaria del DHS, tras la cobertura mediática de las condiciones en las instalaciones.
Negligencia médica en el Campamento East Montana
Un hombre cubano identificado en las declaraciones juradas con el seudónimo de “Isaac” fue detenido en el Campamento East Montana en agosto. Según su declaración ante la ACLU, padece hipertensión arterial desde aproximadamente 2021. Tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2023, un medicamento para la presión arterial — posiblemente Lisinopril — pasó a formar parte de su rutina matutina.
Sin embargo, esa rutina se vio interrumpida después de que Isaac llegara al Campamento East Montana y pasara más de un mes sin recibir su medicamento. Por aquel entonces, Isaac relató que había empezado a sufrir visión borrosa y dolores de cabeza recurrentes. Un mes más tarde recibió las pastillas para la hipertensión, pero no se las administraban a la hora adecuada, lo que restaba eficacia al tratamiento. Un médico del campamento le recetó un segundo medicamento — un diurético — semanas antes de que firmara la declaración para la ACLU. Para cuando prestó dicha declaración, informó que aún no había recibido esa medicina.
En noviembre, Isaac contrajo gripe y fue trasladado a una unidad médica en el Campamento East Montana. Contó que muchas de las personas recluidas en esta unidad pasaban días sin recibir su medicamento mientras soportaban condiciones insalubres.
“Este lugar parece diseñado para desgastarte”, afirmó Isaac en la carta.
Las condiciones descritas por Isaac no son quejas aisladas. Charlotte Weiss, abogada del programa Más Allá de las Fronteras del Proyecto de Derechos Civiles de Téxas ha visitado el Campamento East Montana cada semana desde el otoño para hablar con las personas sobre las condiciones y los abusos que sufren. Weiss señaló que cada visita revelaba preocupaciones similares: solicitudes médicas ignoradas, atención retrasada, y unas instalaciones donde se descuidaban las normas básicas de higiene.
Algunas de las consecuencias se hicieron evidentes en febrero, cuando un brote de sarampión afectó al campamento, con al menos 14 casos confirmados y 112 personas aisladas, lo que resultara en un confinamiento de dos semanas. Weiss dijo que no le sorprendía.
“Este fue el desenlace previsible y trágico para una instalación que, durante meses, ha descuidado y abandonado su responsabilidad hacia las personas bajo su custodia”, dijo Weiss refiriéndose a la atención médica prestada por Loyal Source en el campamento.
“Márgenes de ganancias desproporcionadamente altos” en medio de denuncias legales
Desde 2017, Loyal Source ha sido demandada en 22 ocasiones por una serie de problemas, entre ellos presuntas violaciones de la ley laboral, robo de sueldos, discriminación laboral, y maltrato a personas bajo custodia, según documentos judiciales obtenidos a través del programa de acceso a documentos legales PACER. Jueces han fallado a favor de Loyal Source en dos casos. En seis casos, la empresa pagó más de 5.2 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales. Siete demandas siguen en curso, mientras que 13 fueron desestimadas.
Loyal Source también ha sido objeto de una investigación por parte del Departamento de Trabajo por robo de sueldos y ha sido el foco de dos denuncias protegidas de informantes que alegaban falta de personal y pagos insuficientes.
En su investigación de 2018, el Departamento de Trabajo descubrió que Loyal Source había descontado ilegalmente 10 dólares del cheque de cada empleado y multó a la empresa, usando más de medio millón de dólares recuperados para reembolsar a más de 4,000 trabajadores.
En noviembre de 2023, una denuncia presentada por un contratista de CBP y el Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAP, en inglés) Project reveló que Loyal Source pagaba a su personal médico por debajo de las tasas del mercado, resultando en una baja retención de empleados y personal insuficiente en las instalaciones. Mientras tanto, Loyal Source obtenía márgenes de ganancias “desproporcionadamente altos”, según la denuncia.
"Loyal Source ha seguido obteniendo lucrativos contratos federales de múltiples agencias."
En abril de 2025, una cuidadora de niños detenidos que trabajaba en una instalación de la CBP en California presentó una demanda contra la empresa contratista que operaba el centro, así como contra Loyal Source — el proveedor de servicios medicos —, en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act). Durante el tiempo que trabajó allí, entre 2023 y 2024, afirmó haber visto a personas detenidas sin “acceso a medicamentos necesarios ni a una atención médica adecuada, lo que resultaba en enfermedades no tratadas y sufrimiento”. En la demanda, sostuvo que dicha falta de atención constituía un “esfuerzo deliberado por reducir gastos mientras [Loyal Source] seguía facturando al gobierno por servicios completos”. El 30 de marzo, el juez excluyó a Loyal Source del caso, a petición de la demandante y de la parte demandada.
Loyal Source ha seguido obteniendo lucrativos contratos federales de diversas agencias, entre ellas el Departamento de Asuntos de los Veteranos (que ha otorgado el 97% de sus contratos) y DHS. Asimismo, continúa subcontratando servicios en instalaciones como el Campamento East Montana.
“Varios informantes, tanto empleados federales como trabajadores de Loyal Source, que denunciaron irregularidades expresaron serias preocupaciones, declaró a POGO Andrea Meza, abogada del Proyecto de Rendición de Cuentas de Gobierno que participó en la divulgación de esta información. “El hecho de que, desde entonces, la empresa haya ampliado su perfil de contratos dice mucho sobre la sinceridad del compromiso del DHS con la seguridad de las personas bajo custodia”.
CBP indicó que no tiene intención de cambiar de rumbo. En respuesta a la solicitud de comentarios de POGO, CBP reiteró su respaldo a Loyal Source y afirmó: “CBP seguirá colaborando con contratistas, incluyendo Loyal Source, para brindar asistencia médica integral y ajustar los recursos a medida que cambien las necesidades operativas”.
El problema fundamental, según la congresista Escobar, es que los contratistas y subcontratistas del sector migratorio ven grandes oportunidades económicas bajo la administración Trump.
“Una cosa es obtener un contrato y recibir una oportunidad”, señaló. “Pero si un contratista demuestra reiteradamente su incompetencia, y lo hace de una manera tan grave que se han producido múltiples muertes en dichas instalaciones, eso debería motivar a la administración a realizar un análisis exhaustivo y a examinar nuevamente qué está pasando.
Publicado con el Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO)
In March, Immigration and Customs Enforcement (ICE) fired the contractor running Camp East Montana, the nation’s largest ICE detention facility, amid deaths, a measles outbreak, and allegations of substandard medical care. Quietly, the facility kept on using the same medical provider.
Loyal Source Government Services, a company holding over $2 billion in lucrative federal contracts despite a track record of medical neglect, has continued to be the subcontractor providing medical care at Camp East Montana, the troubled ICE detention facility located in El Paso, Texas. That’s according to two different congressional offices, based on information provided to them by ICE.
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“Putting Loyal Source in Camp East Montana is a train wreck,” said Charles Tiefer, a federal government contracting expert and law professor at the University of Baltimore. “You are combining a contractor with a very dubious record and a facility that is in shambles.”
ICE fired the prime contractor at Camp East Montana on March 11, following reports of inhumane conditions and medical neglect. When the new contracted company was announced, an ICE spokesperson praised the company’s “higher standards of medical care” in a statement to the El Paso Times. But the agency did not clarify that the actual medical provider at the facility remained unchanged.
ICE declined to confirm that Loyal Source continues to work as the medical provider at Camp East Montana in an emailed statement to the Project On Government Oversight. But a spokesperson for Representative Veronica Escobar (D-TX), the lawmaker who represents El Paso, said ICE told their office that Loyal Source continues to be the medical provider at Camp East Montana as of May 4. Likewise, the office of Representative Gabe Vasquez (D-NM), who visited the facility in April, said that during their visit Loyal Source was still the facility’s medical provider.
Camp East Montana, the largest Immigrations and Customs Enforcement detention center, sits on Fort Bliss land in El Paso, Texas. (Corrie Boudreaux/El Paso Matters)
Neither Loyal Source nor the facility’s current prime contractor, Amentum Services Inc., have responded to multiple requests for comment.
Escobar said she does “not understand the logic” of retaining Loyal Source as the medical provider at Camp East Montana. During an interview, Escobar described a recent visit to the facility where she met a man with a broken forearm who had solely been treated with aspirin for weeks. “His arm had not been set. I could literally see the break,” she said. “I think it makes obvious just how unacceptable the medical care is inside that facility.”
In the nine months since Camp East Montana opened, attorneys visiting the facility have sounded the alarm about lapses in medical care: missed medications, ignored medical forms, and untreated illnesses are mentioned in complaint after complaint. Meanwhile, Loyal Source is in the midst of its most lucrative year by far, with contract awards growing by over 1000% from $155 million in 2022 to $1.8 billion in fiscal year 2026. The vast majority of the company’s new awards have come from the Department of Veterans Affairs (VA) for medical screening and medical disability examinations.
Loyal Source’s Troubled Contracting History
For years, Loyal Source has been scrutinized for poor medical care in Department of Homeland Security (DHS) facilities, mainly at short-term immigrant processing centers run by Customs and Border Protection (CBP). As recently as July 2024, Loyal Source provided medical care at over 80 CBP facilities across the nation.
Critical attention has even come from within DHS. In 2022, ICE didn’t award a nearly $3 billion contract to Loyal Source because the company’s quality control plan lacked a “significant effort at detection of problems,” according to government documents.
In 2023, the Senate Judiciary Committee launched an investigation into Loyal Source’s job performance following the death of an 8-year-old girl, Anadith Reyes Álvarez, at a Texas Border Patrol Station.
The Senate investigation report found that children were being held in CBP custody for too long in facilities that faced chronic understaffing, inadequate medical records systems, insufficient guidance for treating vulnerable children, and a lack of oversight of Loyal Source.
Past investigations of the company did not stop ICE contractors from hiring and retaining Loyal Source as a medical provider at Camp East Montana.
The 226-page report, published in 2025, identified systemic breakdowns in how Loyal Source staff managed patient records, contributing to poor care. Whistleblowers cited in the report said that the company’s providers frequently ignored CBP’s electronic medical records system, relying instead on paper records. The investigation found staff cited “ignorance of the system, understaffing, and overwhelming numbers of noncitizens to process through it,” as reasons not to use the system.
According to the report, Reyes Álvarez’s medical history was documented in the electronic medical records upon her arrival. Loyal Source medical staff responsible for her treatment in the hours before her death failed to access her electronic file or review her history.
A CBP spokesperson said in an emailed statement that the agency cannot speak to all incidents that occurred during the Biden administration, but claimed that, under Trump, CBP is delivering lawful medical care.
“Allegations mischaracterizing CBP’s treatment of individuals in custody are irresponsible and undermine the integrity of lawful immigration enforcement,” the spokesperson told POGO. “CBP abides by strict legal and humanitarian standards, with processing facilities’ continuous internal and external monitoring to ensure proper medical care, nutrition, welfare checks, and humane conditions.”
The spokesperson told POGO that detainees have medical care available “from intake through their time in custody.”
Past investigations of the company did not stop ICE contractors from hiring and retaining Loyal Source as a medical provider at Camp East Montana.
“It is pretty incredible to me that there is not a recognition by the new contractor that a significant change had to be made,” Escobar said.
“Horrific” Medical Care at Camp East Montana
Lawmakers like Escobar have consistently raised alarms about medical care at Camp East Montana, calling for its closure and even attributing the cause of one of the deaths at the facility to medical neglect.
ICE’s own detention oversight office found the facility violated at least 49 standards for immigration detention during a February 2026 inspection. The internal report found multiple deficiencies in medical care, including that staff did not properly isolate people with tuberculosis symptoms and did not properly record medical unit check-ins used to prevent suicide.
Even congressional efforts to exercise oversight have been obstructed by the facility. When Representative Kelly Morrison (D-MN) visited Camp East Montana in March, she was denied access to constituents held at the facility, despite repeated attempts.
A masked guard blocks the entrance to Camp East Montana, a migrant detention facility at Fort Bliss in El Paso, Nov. 15, 2025. (Corrie Boudreaux/El Paso Matters)
“What I saw here was horrific,” said Morrison, who is a physician, in a video posted about her experience. “I've heard about a pregnant woman in her third trimester who was not getting adequate prenatal care.”
Medical neglect in ICE detention can have life or death implications. At least three people detained at the camp have died in recent months. Francisco Gaspar-Andrés, a 48-year-old Guatemalan man, is one of them. His death “appears to partially be the result of poor medical care by staff at the facility,” according to a February letter sent by 24 lawmakers calling for the facility to be shut down. Gaspar-Andrés died on December 3, having sought medical attention from the facility staff since September 23 for a range of symptoms, according to ICE’s account. The letter from lawmakers said he was only transferred to a nearby hospital “once his condition had severely deteriorated.”
ICE disputes this characterization. “From the moment they were notified of his health crisis, ICE medical staff ensured he had constant, high-quality care,” ICE said in a press release about his death.
Advocacy groups have decried conditions at the facility. A coalition of nonprofit groups led by the American Civil Liberties Union (ACLU) interviewed 45 people held at the facility, and 16 of them recalled their experiences in sworn declarations under penalty of perjury. The testimonies use pseudonyms for fear of retaliation from ICE. In the statements, detained immigrants recount physical abuse by officers, attempts to coerce them into self-deportation through threats and physical violence, insufficient food, denial of access to legal counsel, and medical neglect.
DHS leadership has strongly contradicted dire characterizations of medical care at Camp East Montana. “This is the best healthcare that many aliens have received in their entire lives,” said former DHS Assistant Secretary Tricia McLaughlin in a September statement following media coverage of conditions at the facility.
Medical Neglect at Camp East Montana
A man from Cuba identified in the sworn declarations by the pseudonym “Isaac” was detained at Camp East Montana in August. Since approximately 2021, he has suffered from high blood pressure, according to his ACLU statement. Following a stroke sometime around 2023, a blood pressure medication, potentially Lisinopril, became part of his morning routine.
But that routine was disrupted after Isaac arrived at Camp East Montana and did not receive his medication for over a month. At that time, Isaac recounted that he had started to experience blurry vision and recurrent headaches. A month later, he got his high blood pressure pills, but they were not administered at the proper time, undermining their effectiveness. A doctor at the facility prescribed Isaac a second medicine, a diuretic, weeks before he signed the ACLU's declaration. By the time he gave his declaration, he reported that he had yet to receive this medication.
In November, Isaac had the flu and was moved to a medical unit at Camp East Montana. He said many of the people held in this unit went for days without receiving their medication while enduring dirty conditions.
“This place seems designed to wear you out,” Isaac said in the letter.
The conditions Isaac described are not isolated complaints. Charlotte Weiss, an attorney with the Texas Civil Rights Project’s Beyond Borders program, has been visiting Camp East Montana every week since the fall to speak with individuals about the conditions and abuse they experience. Weiss said each visit revealed similar concerns: ignored medical requests, delayed care, and a facility where basic hygiene standards were neglected.
Some of the consequences became visible in February, when a measles outbreak swept through the facility, with at least 14 confirmed cases and 112 people placed in isolation, leading to a two-week lockdown. Weiss said she wasn’t surprised.
“This was the foreseeable and tragic outcome for a facility that has neglected and abdicated its responsibility to those in its custody for months,” Weiss said of the medical care provided by Loyal Source at the facility.
“Disproportionately High Profit Margins” Amid Lawsuits
Since 2017, Loyal Source has been sued 22 times for a litany of issues, including alleged labor law violations, wage theft, employment discrimination, and mistreatment of people in detention, according to legal documents obtained from PACER. Judges ruled in Loyal Source’s favor in two cases. In six cases, Loyal Source paid more than $5.2 million dollars in out-of-court settlements. Seven lawsuits remain ongoing, while 13 were dismissed.
Loyal Source has also faced an investigation by the Department of Labor for wage theft and has been the focus of two protected whistleblower disclosures alleging understaffing and underpayment.
In its 2018 investigation, the Labor Department discovered Loyal Source had illegally deducted $10 per paycheck from each employee, and it fined the company, using more than half a million recouped dollars to reimburse over 4,000 workers.
In November 2023, a whistleblower disclosure brought by a CBP contracting officer and the Government Accountability Project revealed that Loyal Source paid its medical staff below the market rate, resulting in low staff retention and understaffed facilities. Meanwhile, Loyal Source raked in a “disproportionately high” profit margin, according to the disclosure.
Loyal Source has continued to secure lucrative federal awards from multiple agencies.
In April 2025, a caregiver for detained children working at a CBP facility in California sued the contractor running the facility, as well as Loyal Source, the medical provider, pursuant to the False Claims Act. During her time employed there, from 2023 to 2024, she said she saw detained people going without “access to necessary medications and proper medical attention, resulting in untreated illnesses and suffering.” In the lawsuit, she said she believes this lack of care was a “deliberate effort to reduce expenses while [Loyal Source] continued to bill the Government for full services.” On March 30, the judge dismissed Loyal Source from the case, per the plaintiff and defendant’s request.
Loyal Source has continued to secure lucrative federal awards from multiple agencies, including the Department of Veterans Affairs (which has awarded 97% of their contracts) and DHS. And they continue to subcontract at facilities like Camp East Montana.
“Multiple whistleblowers, both federal employees and employees of Loyal Source, raised serious concerns,” Andrea Meza, an attorney with the Government Accountability Project involved with the disclosures, told POGO. “That the company’s contracting profile has since expanded speaks volumes to the sincerity of DHS’ commitment to the safety of those in custody.”
CBP indicated it does not intend to change course. In response to POGO’s request for comment, CBP reiterated its support for Loyal Source, saying, “CBP will continue working with contractors, including [Loyal Source], to deliver comprehensive medical support and adjust resources as operational demands shift.”
The fundamental problem, according to Representative Escobar, is that immigration contractors and subcontractors see profound financial opportunities under the Trump administration.
“It’s one thing to be awarded a contract and to be given an opportunity,” she said. “But if a contractor repeatedly demonstrates failure, and failure that is so egregious that there have been multiple deaths at these facilities, that should inspire a very deep dive from the administration and a renewed look at what’s going on.”
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