Inside ICE’s Broken System for Inspecting Detention Facilities
New data reveals a twisted ICE detention oversight system where facilities get glowing grades, even amid deadly conditions.
(Illustration: Luna Velez / POGO)
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Dentro del sistema fallido de ICE para inspeccionar los centros de detención
Nuevos datos revelan un sistema retorcido de supervisión de los centros de detención de ICE, en el que las instalaciones obtienen calificaciones excelentes incluso en medio de condiciones mortales.
18 de agosto, 2026
Por Isabel Del Mastro & René Kladzyk
Traducido por Patricia GuadalupeCuando los inspectores llegaron al Centro de Detención Prairieland, aparecieron panqueques en el menú del desayuno, recordó Leqaa Kordia. Las paredes lucían una capa de pintura fresca. Apareció una nueva Fuente de agua en la sala de admisión. En los días previos a la inspección de diciembre de 2025, Kordia —quien para ese entonces llevaba nueve meses recluida en este centro del ICE en Texas— dijo haber observado una transformación radical.
La Oficina de Supervisión de Detención (ODO, por sus siglas en inglés), una subdependencia del ICE, tiene la obligación de inspeccionar centros de detención como Prairieland para garantizar que las condiciones sean seguras y cumplan con las normas de detención. Si un centro obtiene una calificación reprobatoria en dos inspecciones consecutivas, el contrato que mantiene con ICE debe ser cancelado y dejar de recibir fondos.
Kordia, una mujer palestina detenida por ICE en marzo de 2025 por haber permanecido en el país más allá del plazo permitido por su visa de estudiante —y quien estuvo recluida en Prairieland durante un año—, describió las condiciones del lugar como humillantes y horribles. Relató que las quejas médicas eran ignoradas, que el agua del grifo contenía “cosas nadando” y que los dormitorios olían como si uno estuviera “sentada, durmiendo, y comiendo dentro de un baño grande”.
Kordia decidió comunicar sus inquietudes a los inspectores de la ODO, según relató.
A lo largo de varias conversaciones, les advirtió sobre la mala calidad del agua, la violación de sus derechos religiosos —debido a la falta de alimentos halal o de acceso a un Corán— y sus preocupaciones respecto a la atención médica en el centro, recordó en una entrevista con POGO Investigates. Ella misma vivió un episodio crítico de salud: sufrió una fiebre muy alta que, según afirmó, empeoró porque fue ignorada y se le negó asistencia médica. Finalmente, terminó hospitalizada tras sufrir una convulsión y fue encadenada a la cama del hospital, dijo, “como a un animal”.
POGO Investigates habló con varios abogados cuyos clientes presentaron denuncias similares sobre negligencia médica, mala calidad de los alimentos, y falta de facilidades para la práctica religiosa durante su detención en Prairieland. Las condiciones del centro también fueron objeto de una visita de supervisión realizada en marzo por el congresista Marc Veasey (demócrata por Texas).
Scott Sutterfield, exfuncionario de alto rango del ICE y portavoz de LaSalle Corrections —la empresa privada encargada de Prairieland—, envió un correo electrónico a POGO Investigates negando categóricamente todas las acusaciones sobre el centro mencionadas en esta investigación. “Nos tomamos muy en serio cualquier inquietud sobre el bienestar de las personas bajo nuestra custodia”, afirmó, destacando que el centro es inspeccionado periódicamente “tanto por organismos internos como externos”. Sutterfield no ha respondido a una solicitud de aclaración e información sobre las quejas presentadas por Kordia durante su detención en Prairieland, ni sobre si dichas quejas fueron investigadas.
Kordia afirmó que los inspectores le aseguraron que los problemas de Prairieland se solucionarían y que se exigirían responsabilidades. “Pero nada de eso sucedió”, dijo.
Un mes después, la ODO publicó su informe de inspección del centro. Prairieland obtuvo una calificación de “Superior”: la nota más alta posible para un centro de detención. En el informe, la ODO indicó que sus inspectores habían entrevistado a 38 personas recluidas en Prairieland, todas las cuales “manifestaron satisfacción” con el centro. El informe señalaba que las instalaciones no habían incumplido ni una sola norma: una calificación perfecta.
Esta dinámica no es exclusiva de Prairieland.
Forma parte de un sistema nacional diseñado para garantizar que la mayoría de los centros de detención de CE permanezcan abiertos, independientemente de lo malas que sean las condiciones. Así lo afirman exfuncionarios de ICE, expertos en datos de inmigración, defensores de derechos, abogados, y personas que han estado detenidas recientemente.
POGO Investigates y el Investigative Reporting Workshop de la American University recopilaron y analizaron datos del sitio web de informes de inspección de la ODO para identificar tendencias recientes en la forma en que ICE califica sus instalaciones. A juzgar por los datos de inspección de centros de detención desde el inicio del año fiscal 2022 hasta el 23 de julio de 2026, las condiciones de las instalaciones del ICE parecen haber experimentado una mejora drástica.
ICE está detectando menos problemas en las instalaciones de manera generalizada. Estas infracciones de las normas de detención, denominadas “deficiencias”, se usan para determinar la calificación de una instalación y si esta permanece abierta. El número de estas infracciones disminuyó casi un 70% entre los años fiscales 2022 y 2025.
Por otro lado, la proporción de centros de detención de ICE que obtuvieron una calificación de "Superior" casi se triplicó desde el año fiscal 2024 hasta el 23 de julio, tras haber caído un 61% entre los años fiscales 2022 y 2024. El reciente aumento en las calificaciones de "Superior" coincide con un debilitamiento progresivo de las normas de detención y una disminución en el número total de inspecciones realizadas.
“Las detenciones por parte de ICE parecen ser más peligrosas y funcionan peor que nunca”. - Scott Shuchart, exasesor principal de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)
Asimismo, ICE no se otorga a sí mismo una calificación reprobatoria en las inspecciones de los centros de detención. Durante el periodo analizado, ICE nunca reprobó una instalación “exclusive” de ICE, es decir, aquella destinada únicamente a albergar a personas bajo su custodia. De las pocas instalaciones que obtuvieron una calificación reprobatoria, todas eran instalaciones “no exclusivas”; por lo general, se trataba de cárceles municipales o de condado que albergaban tanto a ciudadanos estadounidenses encarcelados como a personas detenidas por ICE.
La supervisión deficiente guarda una relación clara con condiciones inseguras e incluso mortales en los centros de detención, según Scott Shuchart, exasesor principal de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“El nivel de supervisión se ha reducido de manera irresponsible”, afirmó. La consecuencia, según Shuchart, es que “el sistema de detención del ICE parece ser más peligroso y funcionar peor que nunca”.
Desde el inicio de la segunda administración de Trump, el DHS ha cerrado varias oficinas claves de supervisión. Entretanto, el número de personas detenidas por ICE aumentó un 75% durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump y alcanzó una cifra récord a principios de este año, con 73,400 personas bajo custodia de ICE en un solo día. Para el 11 de julio, más de 65,000 personas se encontraban recluidas por ICE; de ellas, el 70.6% no tenía ninguna condena penal, según informes de TRAC, una organización que recopila cifras de detenciones.
ICE no publica un conjunto de datos específico sobre las inspecciones de la ODO que permita al público conocer las tendencias en las calificaciones de las inspecciones o en las infracciones de las normas. Para esta investigación, se extrajeron datos de los archivos de los informes de inspección individuales disponibles en el sitio web de la ODO con el fin de crear una base de datos sobre las calificaciones de dichas inspecciones y las infracciones de las normas de detención, abarcando desde el año fiscal 2022 hasta el 23 de julio de 2026.
El ICE no ha respondido a las múltiples solicitudes de entrevista y comentarios relacionadas con esta investigación, ni sobre su metodología y los hallazgos de los datos.
Deborah Fleischaker, exjefa interina de personal de ICE, declaró que no le sorprendían las excelentes calificaciones que los centros están recibiendo en los informes de inspección recientes, aunque estas no parecen reflejar necesariamente la realidad.
“No me sorprendería que la ODO entendiera que su función consiste en dar el visto bueno a la mayor parte de lo que ve y pronunciarse únicamente en las circunstancias más significativas”, afirmó. “Creo que existe el entendimiento de que deben apartarse y no estorbar”.
Calificaciones superiores, cifra récord de muertes bajo custodia
Kordia se sintió “muy decepcionada” al enterarse de que, tras sus conversaciones con los inspectores, la ODO terminó otorgando a Prairieland la calificación máxima en su informe de inspección de 2026, según comentó. La calificación de “Superior” —la más alta posible— representaba un salto significativo respecto a la evaluación anterior de Prairieland, que era de “Aceptable/Adecuado”.
La reciente mejora en la puntuación de Prairieland refleja una tendencia más amplia en las calificaciones de los centros evaluados por la ODO. Si bien el 70% de los centros obtuvieron la calificación de “Superior” en el año fiscal 2022 —cuando la ODO comenzó a usar este sistema de evaluación—, el número de calificaciones “Superior” disminuyó entre los años fiscales 2023 y 2024. Posteriormente, la proporción de centros que obtuvieron la máxima calificación de la ODO se duplicó entre los años fiscales 2024 y 2025. Desde el 23 de julio, aproximadamente el 74% de las inspecciones de centros de detención realizadas en el año fiscal 2026 han resultado en una calificación de “Superior”.
A medida que han aumentado las calificaciones de "Superior" en los centros de detención de todo el país, también lo han hecho las muertes bajo custodia de ICE. En 2025, ICE informó que 33 personas fallecieron bajo su custodia, la cifra más alta registrada en más de dos décadas. Hasta el 11 de agosto, ICE había reportado el fallecimiento de 23 personas en 2026. En junio, la agencia anunció que dejaría de informar sobre las muertes de aquellas personas que fallecen poco después de haber sido liberadas de la custodia de ICE.
Según Adam Sawyer, experto en datos de ICE, esta tendencia carece de lógica. Señaló que cabría esperar una relación inversa entre la mejora de las calificaciones de las inspecciones y el aumento de las muertes bajo custodia. “No se esperaría que el número de fallecimientos aumentara a la par que mejoraban las condiciones evaluadas de dichos centros”, explicó Sawyer.
Tom Homan, el funcionario encargado de la política fronteriza, defendió al ICE en respuesta a preguntas sobre el creciente número de muertes bajo custodia durante una entrevista con CBS News en mayo. “Nuestras cifras de muertes bajo custodia son más bajas que las de cualquier otro”, afirmó Homan, añadiendo que muchas de las personas detenidas en las instalaciones del ICE presentan historiales médicos deficientes. “De lo que los medios no hablan es de cuántas vidas salvamos bajo custodia”, señaló Homan.
Andrew Free, abogado de inmigración y experto en detenciones del ICE, refutó las afirmaciones de Homan en un video publicado en su boletín de Substack; aseveró que los argumentos del funcionario del DHS sobre las muertes bajo custodia del ICE constituyen una “generalización burda” basada en comparaciones falsas y argumentos carentes de sustento.
Cuatro personas han fallecido desde agosto pasado en el Centro de Procesamiento de ICE Adelanto en California, según el sitio web de la agencia. Esta cifra representa el mayor número de muertes registradas en cualquier centro del país durante ese periodo, según un análisis de POGO.
Ismael Ayala-Uribe, un inmigrante mexicano y exbeneficiario del programa DACA que llegó a Estados Unidos cuando era niño, fue una de esas personas. Fue detenido en el lavadero de autos donde trabajaba, en Huntington Beach. Falleció a los 39 años bajo custodia de ICE el 22 de septiembre de 2025, debido a complicaciones derivadas de un absceso en el glúteo.
Así lo indica el informe del forense de la Oficina del Aguacil del condado de San Bernardino, obtenido por POGO mediante solicitudes de acceso a registros públicos. El informe forense señalaba que Ayala-Uribe se había quejado de fiebre, escalofríos, y sangrado rectal durante las tres semanas que permaneció detenido en Adelanto. “La familia declaró que el centro del ICE no le brindó atención médica y que solo le administraban Tylenol”, consignó el informe.
Christopher Ferreira, portavoz de GEO Group —la empresa privada de prisiones que opera el centro de Adelanto—, no quiso hacer comentarios sobre esta investigación en un correo electrónico dirigido a POGO y remitió las preguntas de los periodistas a ICE. Por su parte, ICE no respondió a las solicitudes de comentarios.
“Si esto es lo que [los inspectores] califican de ‘superior’, y si están inspeccionando instalaciones en todo el país, no puedo imaginarme cómo serán esas otras instalaciones”. - Paula Sandoval, investigadora principal de grupo Disability Rights California
El informe del ICE sobre el fallecimiento de Ayala-Uribe no menciona ninguna atención médica entre la evaluación inicial realizada el día de su llegada a Adelanto y la “emergencia médica” ocurrida en su dormitorio cuatro días antes de su muerte.
Funcionarios de la ODO inspeccionaron Adelanto apenas unos días antes del fallecimiento de Ayala-Uribe; no registraron ninguna infracción en materia de atención médica y otorgaron al centro una calificación de “Bueno”. El informe señalaba que “la mayoría de los detenidos expresaron satisfacción con los servicios del centro”. La calificación de “Bueno” para el año fiscal 2025 supuso un descenso respecto a años anteriores: entre los ejercicios fiscales 2022 y 2024, el centro había recibido sistemáticamente la calificación de “Superior” por parte de la ODO. Desde el 11 de agosto, la ODO aún no había publicado el informe de inspección de Adelanto correspondiente a 2026.
Otra inspección oficial del centro, realizada ese mismo año, llegó a conclusiones radicalmente distintas. El Departamento de Justicia de California inspeccionó Adelanto en julio de 2025 y detectó niveles insuficientes de personal médico y de custodia, deficiencias en la realización sistemática de evaluaciones médicas, dentales y de salud mental, así como fallos a la hora de proporcionar “tratamiento médico necesario y oportuno, incluso en casos de emergencia”. (California es uno de los primeros estados en realizar inspecciones de los centros de detención del ICE; la mayoría no lo hace).
El fiscal general de California no es el único que contradice las conclusiones de la ODO sobre Adelanto. Grupos de defensa de derechos, abogados, personas detenidas en el centro y legisladores han denunciado reiteradamente las condiciones peligrosas y deficientes de las instalaciones, mientras la ODO presentaba una imagen optimista en sus informes.
Disability Rights California, un grupo de defensa de derechos con sede en California y con autoridad legal para inspeccionar las instalaciones del ICE, también detectó problemas de negligencia médica y condiciones deficientes durante una inspección realizada en 2025 en el centro de Adelanto. Paula Sandoval, investigadora principal de Disability Rights California, declaró a POGO Investigates que las calificaciones de "Superior" y "Bueno" otorgadas anteriormente a Adelanto por la ODO no parecían ajustarse a la realidad.
“Si esto es lo que ellos califican como... 'Superior', y si están inspeccionando instalaciones en todo el país, no puedo imaginarme cómo serán esas otras instalaciones”, afirmó Sandoval en una entrevista.
Alison Steffel, una abogada que asegura haber visitado Adelanto al menos cinco veces este año, sostiene que la descripción de la atención médica en Adelanto que aparece en el informe de la ODO es “flagrantemente falsa”. Steffel representa a la parte demandante en un litigio contra Adelanto relacionado con las condiciones del centro. Recientemente, un juez federal dictaminó en este caso que las personas detenidas en dichas instalaciones deben recibir atención médica adecuada y agua potable limpia.
“Cuentan con este mecanismo para realizar inspecciones y asegurarse de que la gente no esté literalmente muriendo, pero no lo están llevando a cabo”, señaló Steffel al ser consultada sobre la importancia de realizar inspecciones precisas. En su opinión, Adelanto ya debería haber reprobado dos inspecciones, lo que habría conllevado la pérdida de fondos federales.
Sin embargo, en los últimos años, ni un solo centro de detención exclusivo de ICE, como Adelanto, ha reprobado una inspección.
ICE no otorga a sí mismo una calificación reprobatoria
El gobierno federal estableció los resultados negativos en las inspecciones como un criterio clave para exigir responsabilidades a los centros de detención de ICE en casos de condiciones inseguras: si un centro de detención no supera dos inspecciones consecutivas, puede perder la elegibilidad para recibir fondos federales e incluso ser clausurado, según una medida presupuestaria aprobada por el Congreso.
“Es importante que no se pasen por alto los incumplimientos reiterados de las normas de detención”, señaló el informe de la Cámara de Representantes que acompañaba el proyecto de ley.
A pesar de esta disposición —o tal vez debido a ella—, los centros de detención rara vez obtuvieron calificaciones negativas por parte de los inspectores entre los años fiscales 2022 y 2026. El mayor número de calificaciones negativas se registró en 2023, año en que el 10% de los 113 centros inspeccionados no superó la evaluación. Solo una de las 102 inspecciones realizadas en el año fiscal 2025 arrojó un resultado negativo. Desde el 23 de julio, todos los centros de detención habían superado la inspección correspondiente al año fiscal 2026.
Los datos de los informes de inspección de la ODO también muestran que, desde el año fiscal 2022, las instalaciones utilizadas exclusivamente para la detención de personas por parte del ICE nunca han reprobado una inspección.
Las instalaciones no exclusivas —que albergan tanto a personas recluidas por el condado o municipio debido a cargos penales como a personas detenidas por el ICE— están ahora sujetas a un menor escrutinio por parte de la ODO que en años anteriores. Anteriormente, el Congreso exigía que cualquier instalación que retuviera a 10 o más personas a petición de ICE durante más de 72 horas se sometiera a inspecciones dos veces al año. Sin embargo, ICE modificó esta norma en 2025 después de que el Congreso no incluyera el requisito de inspecciones en la nueva ley de asignación de fondos, según informes de CBS News. Actualmente, la ODO solo debe inspeccionar las instalaciones exclusivas una vez al año y las no exclusivas cada dos años.
Entre los años fiscales 2022 y 2026, solo seis instalaciones reprobaron dos inspecciones consecutivas: el Centro Correccional del Condado de Baldwin (Alabama), la Cárcel del Condado de Randall (Texas), la Cárcel del Condado de Cache (Utah), la Cárcel del Condado de Cobb (Georgia), así como la Cárcel del Condado de Elmore y el Centro de Detención de Minicassia (Idaho). A pesar de que la disposición del DHS indicaba que debían haber perdido la financiación federal y su contrato con ICE, cinco de esas seis instalaciones se siguen usando actualmente para la detención de personas por parte de ICE.
Shuchart afirmó no estar sorprendido. “El mecanismo de resolución de infracciones que el Congreso ha implementado nunca ha funcionado”, declaró. “Siempre han permitido que ICE se salga con la suya otorgando exenciones o justificando las infracciones”.
ICE puede otorgar exenciones a las instalaciones, “eximiéndolas, en esencia, del cumplimiento” de las normas de detención, según un informe de 2018 de la oficina del inspector general del DHS.
Normas “flojas”
ICE diseña las normas que deben cumplir los centros de detención; dichas normas se usan posteriormente para determinar la calificación del centro y si este aprueba o no una inspección. Según Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de alto rango de ICE, estas normas son parte del problema a la hora de exigir responsabilidades a los centros por las malas condiciones existentes.
ICE somete a los distintos centros a diferentes conjuntos de normas de detención, los cuales se han ido flexibilizando progresivamente con el paso de los años, según señalan exfuncionarios de alto nivel de la agencia. POGO Investigates determinó que, en el año fiscal 2026, los centros de detención de ICE podían ser inspeccionados con arreglo a seis conjuntos de normas distintos, dependiendo del año en que el centro hubiera firmado su contrato con ICE. Entre ellos figuran las normas más recientes, las de 2026, que ICE describió como simplificadas.
Las diferencias entre estas normas pueden ser significativas para las personas bajo custodia del ICE: las nuevas normas de 2026, por ejemplo, eliminaron protecciones que exigían remunerar a los detenidos por participar en el "Programa de Trabajo Voluntario" del centro. El diario Washington Post informó que este cambio se realizó después de que el contratista de CE, GEO Group, lo solicitara en privado.
Existen numerosos casos en los que las normas de detención de ICE han perdido especificidad en los últimos años, eliminando requisitos claros para mantener condiciones seguras, incluyendo la frecuencia con la que deben inspeccionarse ciertos aspectos del centro y quién debe hacerlo. Por ejemplo, las normas de 2011 exigían que un laboratorio estatal analizara el agua de los centros de detención de ICE cada año. Las normas de 2026 eliminaron el requisito anual y dejaron fuera la obligación de que fuera un laboratorio estatal (es decir, un organismo independiente) el que realizara los análisis.
Aunque ICE no respondió a las solicitudes de entrevista y comentarios para esta investigación, el sitio web de la agencia indica que las normas revisadas de 2026 tienen como objetivo “reducir la carga para los operadores de los centros de detención”. La introducción de las normas de 2026 señala que “las condiciones de detención no serán punitivas y garantizarán el debido proceso, la salud, la seguridad y la protección de todas las personas bajo custodia”.
El hecho de que la ODO utilice normas de detención variables no es casualidad, según Trickler-McNulty, quien calificó dichas normas como un “desastre”.
“Cuando el lenguaje de las normas es impreciso, resulta muy difícil traducirlo en hallazgos de inspección concretos que puedan utilizarse para exigir responsabilidades a los centros”, afirmó Trickler-McNulty.
Fleischaker vinculó directamente la expansión de la detención durante la administración Trump con la flexibilización de las normas de inspección del ICE. “Quieren poder contar con más centros de detención. Quieren poder hacerlo a menor costo. Quieren poder hacerlo de manera más rápida y sencilla”, señaló. “Eso significa que resulta difícil cumplir con las normas de detención más rigurosas”.
Una fuerte caída en las infracciones
Alma Bowman ha sido detenida por ICE en múltiples ocasiones, a pesar de haber presentado peticiones judiciales argumentando que, en realidad, es ciudadana estadounidense. Recientemente estuvo detenida durante ocho meses en 2025 en el Centro de Detención Stewart, en Georgia; anteriormente, había pasado más de tres años detenida en el Centro de Detención del Condado de Irwin, también en Georgia. Allí, fue una de las denunciantes cuyo testimonio dio lugar a una investigación de un comité del Senado, el cual concluyó que el centro sometía a las mujeres a “procedimientos ginecológicos excesivos, invasivos, y a menudo innecesarios”.
Durante una entrevista, informamos a Bowman de que el Centro de Detención Stewart no había registrado infracciones relacionadas con la atención médica durante el año fiscal 2025, periodo en el que ella estuvo allí.
Alma Bowman ha sido detenida por ICE en múltiples ocasiones, a pesar de haber presentado peticiones judiciales argumentando que, en realidad, es ciudadana estadounidense. Recientemente estuvo detenida durante ocho meses en 2025 en el Centro de Detención Stewart, en Georgia; anteriormente, había pasado más de tres años detenida en el Centro de Detención del Condado de Irwin, también en Georgia. Allí, fue una de las denunciantes cuyo testimonio dio lugar a una investigación de un comité del Senado, el cual concluyó que el centro sometía a las mujeres a “procedimientos ginecológicos excesivos, invasivos, y a menudo innecesarios”.
Durante una entrevista, informamos a Bowman de que el Centro de Detención Stewart no había registrado infracciones relacionadas con la atención médica durante el año fiscal 2025, periodo en el que ella estuvo allí.
En julio, CBS News publicó una investigación sobre las tendencias de infracciones en los informes de inspección de la ODO en relación con el tamaño de las instalaciones. Si bien el número de infracciones notificadas mostró una tendencia general a la baja desde 2019, se observó que la cantidad de infracciones en las instalaciones más grandes ha aumentado desde el año fiscal 2025. También se descubrió que, cuando las instalaciones adoptaron las normas del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service, en inglés) de mayo de 2025, el promedio de infracciones disminuyó drásticamente.
Incluso cuando un centro de detención acumula numerosas infracciones, es posible que el ICE no cuente con la infraestructura necesaria para tomar medidas al respecto. Según Shuchart, el proceso del ICE para subsanar los problemas detectados en los centros de detención "nunca ha funcionado".
“No existe ninguna oficina dentro de la división de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO, en inglés) que cuente con el personal o la autoridad suficiente para tomar los resultados de una inspección de la ODO... y solucionar realmente todos los problemas”, afirmó.
Tampoco está claro qué relación existe entre las infracciones de un centro y la calificación final que recibe, en parte porque no se hacen públicos los criterios usados para determinar dichas calificaciones. Por ejemplo, el centro Camp East Montana, en El Paso (Texas), obtuvo una calificación de “Aceptable/Adecuado” a pesar de registrar 49 infracciones de las normas en el informe de inspección de 2026, una de las cifras más elevadas jamás documentadas en un solo informe para cualquier instalación. Durante el periodo analizado, solo otros tres centros de detención —la cárcel municipal de Euless en Texas, el Centro River en Luisiana y la instalación de seguridad pública Allen Parish en Luisiana— acumularon tantas infracciones y aun así aprobaron la inspección.
De los 15 centros con mayor número de infracciones entre los años fiscales 2022 y 2026, ocho recibieron una calificación de “Aceptable/Adecuado” o “Bueno”.
Meghan Squires, subdirectora de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, en inglés) y colaboradora en un informe de 2025 sobre el programa de inspección de instalaciones de ICE, señaló que la relación entre el número total de infracciones normativas de un centro y la calificación que este obtiene “no tiene mucho sentido”. “Puedes acumular muchas [infracciones] y aun así aprobar”, señaló, explicando que, aunque la GAO detectó más de 5000 infracciones entre los años fiscales 2022 y 2024, la mayoría de los centros superaron la evaluación. “Eso, a mi parecer, es difícil de conciliar”. Squires indicó que la GAO no tuvo acceso a la hoja de trabajo que la ODO usaba en aquel entonces para realizar las inspecciones.
“Los funcionarios de la ODO nos comunicaron que el objetivo estratégico del programa de inspecciones ha sido garantizar la salud, la vida, la seguridad y el bienestar de las personas detenidas”, señala el informe de la GAO, el cual explica que la ODO no ha adoptado objetivos ni medidas de desempeño para asegurar que esto realmente suceda.
“Estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de la dignidad de las personas. Estamos hablando de que se les arrebata la libertad a las personas”. - Leqaa Kordia, ex detenida en el centro de detención de Prairieland
La GAO también publicó un informe independiente en junio sobre fallos de supervisión en laa instalación Camp East Montana, concluyendo que las instalaciones no cumplían con las normas nacionales de Detención de ICE y no realizaban las inspecciones obligatorias. En una respuesta escrita al informe, Jeffrey Bobich, director de Gestión Financiera del DHS, destacó que el tiempo promedio de detención en Camp East Montana es bajo y afirmó: “El DHS mantiene su compromiso de proteger a Estados Unidos mediante la aplicación de las leyes de inmigración”. Desde el 9 de julio, el periodo promedio de detención en Camp East Montana es de 12 días.
Entre las recomendaciones de la GAO al DHS, hubo una que la agencia se negó a adoptar. Esta habría implicado restablecer una subagencia encargada de realizar inspecciones en los centros de detención. Dicha subagencia era uno de los varios organismos de supervisión del DHS que fueron clausurados en 2026.
Mientras ICE detiene a un número récord de personas y las recluye en centros de detención, la agencia ha tenido dificultades para aplicar las normas de detención de manera que se exija responsabilidad a dichos centros, según Trickler-McNulty.
“Hay un millón de formas en que la detención puede ser mala, penosa o dura”, señaló el exfuncionario de alto rango del ICE, “y sin comprender realmente todo lo que sucede en un centro y realizar una evaluación exhaustiva, las condiciones pueden llegar a ser, sin duda, muy precarias”.
Para las personas que han sido detenidas por ICE, como Leqaa Kordia, estos fallos a la hora de establecer y mantener normas adecuadas tienen consecuencias muy reales.
“Estamos hablando de vidas humanas”, dijo Kordia. “Estamos hablando de la dignidad de las personas. Estamos hablando de que se les arrebata la libertad”.
Publicado con el Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO)
COLABORADORES
Isabel Del Mastro es becaria de periodismo de investigación en el Investigative Reporting Workshop de la American University.
René Kladzyk es investigador principal en POGO Investigates, la división de periodismo de investigación del Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO).
Análisis de datos por Aarushi Sahejpal.
When the inspectors came to Prairieland Detention Facility, pancakes appeared on the breakfast menu, Leqaa Kordia recalled. The walls sported a fresh coat of paint. A new water cooler appeared in the intake room. In the days before the inspection in December 2025, Kordia — who had been held at the Texas ICE facility for nine months at that point — said she observed a dramatic transformation.
A sub-agency of ICE, the Office of Detention Oversight (ODO) is required to inspect detention facilities like Prairieland, making sure conditions are safe and align with detention standards. If a facility gets a failing inspection grade twice in a row, its contract with ICE is supposed to be defunded and terminated.
Kordia, a Palestinian woman who was detained by ICE in March 2025 for overstaying her student visa and incarcerated at Prairieland for a year, described the conditions there as humiliating and horrible. She recalled medical complaints going ignored, tap water with “things swimming in it,” and dorm rooms that smelled like “you’re sitting, sleeping, eating in a big bathroom.”
Kordia decided to tell the ODO inspectors about her concerns, she said.
Over the course of multiple conversations, she alerted them about the poor water quality, violations of her religious rights through a lack of Halal food or access to a Quran, and about her concerns over medical care at the facility, she recalled in an interview with POGO Investigates. She had her own health scare, when she’d endured a terrible fever that she said worsened because she was ignored and denied medical care. She ultimately ended up in the hospital after suffering a seizure and was chained to the hospital bed, she said, “like an animal.”
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POGO Investigates spoke with multiple attorneys whose clients had similar allegations of medical neglect, poor food quality, and lack of religious accommodations while detained at Prairieland. Conditions at the facility were also the subject of a March congressional oversight visit by Representative Marc Veasey (D-TX).
Scott Sutterfield, a former senior ICE official and spokesperson for LaSalle Corrections, the private prison company that runs Prairieland, emailed POGO Investigates a blanket denial of all allegations about the facility in this investigation. “We take any concerns about the welfare of individuals in our care very seriously,” he said, emphasizing that the facility is regularly inspected “by both internal and external bodies.” Sutterfield has not responded to a request for clarification and information about complaints filed by Kordia while detained at Prairieland, including whether they were investigated.
Kordia said the inspectors assured her that Prairieland’s issues would be fixed, and people would be held accountable. “But none of this happened,” she said.
A month later, ODO published its inspection report of the facility. Prairieland received a “Superior” rating: the highest possible grade for a detention facility. In the report, ODO indicated its inspectors had interviewed 38 people held at Prairieland, all of whom “reported satisfaction” with the facility. The report indicated that the facility hadn’t violated a single standard: perfect marks.
This dynamic isn’t unique to Prairieland.
It’s part of a nationwide system set up in a way that ensures most ICE detention facilities stay open, no matter how bad the conditions. That’s according to former ICE officials, immigration data experts, advocates, lawyers, and people recently held in detention.
POGO Investigates and the Investigative Reporting Workshop at American University compiled and analyzed data from ODO’s inspection reports website to identify recent trends in how ICE rates its facilities. Judging from detention inspection data from the beginning of fiscal year 2022 through July 23, 2026, ICE facility conditions appear to have undergone a dramatic improvement.
ICE is identifying fewer problems in facilities across the board. Called “deficiencies,” these violations to detention standards are used to determine what grade a facility gets and whether it stays open. The number of these violations dropped by nearly 70% between fiscal years 2022 and 2025.
Meanwhile, the proportion of ICE detention facilities receiving a “Superior” rating nearly tripled since fiscal year 2024 as of July 23, after declining by 61% between fiscal years 2022 and 2024. The recent spike in “Superior” grades coincides with increasingly weakened detention standards and a drop in the overall number of inspections being conducted.
“ICE detention seems to be more dangerous and working worse than ever before.”
ICE also doesn’t give itself a failing grade on detention inspections. During the period analyzed, ICE never failed a “dedicated” ICE facility — one that solely incarcerates people in ICE custody. Of the few facilities that did receive a failing grade, all were “non-dedicated” facilities, typically county and municipal jails holding a mixture of imprisoned U.S. citizens and people detained by ICE.
Inadequate oversight has clear ties to unsafe and even deadly conditions in detention, according to Scott Shuchart, a former senior advisor for the Department of Homeland Security (DHS) Office of Civil Rights and Civil Liberties.
“The amount of oversight has been scaled back irresponsibly,” he said. The outcome, according to Shuchart, is that “ICE detention seems to be more dangerous and working worse than ever before.”
Since the start of the second Trump administration, DHS has shuttered several key oversight offices. Meanwhile, the number of people detained by ICE increased by 75% during the first year of President Donald Trump’s second term in office and reached a record high early this year with 73,400 people in ICE detention on a single day. As of July 11, over 65,000 people were being incarcerated by ICE, 70.6% of whom had no criminal conviction, according to TRAC reports.
ICE does not publish a dataset dedicated to ODO inspections that would enable the public to garner insights about trends in inspection ratings or standards violations. For this investigation, data points were pulled from individual inspection report PDFs on ODO’s website to create a dataset of inspection report ratings and violations of detention standards from fiscal years 2022 through July 23, 2026.
ICE has not responded to multiple requests for interview and comment related to this investigation, its methodology, and data findings.
Former ICE acting Chief of Staff Deborah Fleischaker said she wasn’t surprised by the glowing marks facilities are receiving in recent inspection reports, though they don’t necessarily seem accurate.
“I would not be surprised if ODO understood its job to be to bless most of what they see and only say anything in the most significant circumstances,” she said. “I think there is an understanding that they need to get out of the way.”
Superior Ratings, Record Deaths in Custody
Kordia was “very disappointed” to learn that, after her conversations with the inspectors, ODO ended up giving Prairieland perfect marks in their 2026 inspection report, she said. “Superior” — the highest rating possible — was a significant jump from Prairieland’s previous rating, “Acceptable/Adequate.”
Prairieland’s recently improved score is emblematic of a broader trend in ODO facility ratings. Although 70% of facilities received “Superior” ratings in fiscal year 2022, when ODO began using this rating system, the number of “Superior” ratings declined from fiscal years 2023 to 2024. Then, the share of facilities getting ODO’s highest grade doubled between fiscal years 2024 and 2025. As of July 23, roughly 74% of detention facility inspections in fiscal year 2026 have resulted in a “Superior” rating.
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For this investigation, we created a dataset of the Office of Detention Oversight’s (ODO) 500 initial inspection reports from fiscal years 2022 through 2026 across 175 unique facilities (as of July 23). This count includes both dedicated ICE facilities which solely incarcerate people held by ICE, along with non-dedicated facilities, such as county and municipal jails, that hold a mixture of people detained by ICE and U.S. citizens charged with crimes.
The dataset includes each facility’s name, the fiscal year of its initial inspection, the facility rating it received, the set of standards ODO used to evaluate the facility in fiscal year 2026, and the total number of violations, or “deficiencies,” found at the facility during each initial inspection between the fiscal year 2022 and 2026 timeframe.
Detention facilities were congressionally mandated to receive two inspections each fiscal year from 2022 to 2025: an initial inspection and a follow-up. Our dataset only includes data from initial inspection reports, and not follow-up inspection reports, because ODO is not required to rate facilities in follow-up inspection reports.
We created our dataset using information contained in PDF versions of individual initial facility inspection reports published to the ODO’s official website. The website contains inspection reports from fiscal years 2011 through 2026. Data in our dataset was organized by fiscal year to align with congressional requirements.
To construct our dataset, we began by manually recording information from every initial inspection report from fiscal years 2022 to 2026 into a spreadsheet, including facility name, fiscal year of each initial inspection report, overall facility rating for each inspection year, and total number of deficiencies recorded during each inspection year. We chose that time frame because ODO didn’t start publishing facility ratings in their inspection reports until the fiscal year 2022 Department of Homeland Security appropriations bill mandated it. We also recorded the standard used to inspect each facility in 2026. Finally, we conducted a validity check on our spreadsheet using AI extraction software. This software extracted the same data from the PDF reports and compared it against our manual spreadsheet to ensure there were no discrepancies.
As “Superior” ratings have increased across detention facilities nationally, so have deaths in ICE custody. In 2025, ICE reported that 33 people died in its custody, the highest number of any year in over two decades. As of August 11, ICE reported the deaths of 23 people in 2026. The agency announced in June that it will stop reporting deaths of those who die shortly after being released from ICE’s custody.
According to ICE data expert Adam Sawyer, this trend doesn’t make sense. He said you’d expect an inverse relationship between improved inspection ratings and increased deaths in custody. “You would not expect the number of deaths to go up along with the assessed conditions of those facilities,” Sawyer explained.
Border czar Tom Homan defended ICE in response to questions about the rising number of deaths in detention during an interview with CBS News in May. “Our deaths in custody are lower than everybody’s,” Homan said, adding that many of the people detained in ICE facilities have poor medical histories. “What the media don’t talk about [is] how many lives do we save in custody,” Homan said.
ICE detention expert and immigration lawyer Andrew Free refuted Homan’s claims in a video response on his Substack, arguing that the DHS official’s talking points about deaths in ICE custody are a “gross over-generalization” relying on false comparisons and arguments that are factually unsupported.
Four people have died since last August at Adelanto ICE Processing Center in California, according to ICE’s website. That’s the most deaths at any facility in the country during that period, a POGO analysis found.
Ismael Ayala-Uribe, a Mexican immigrant and former DACA recipient who came to the U.S. as a child, was one of those people. He was detained at the car wash he worked at in Huntington Beach. He died at age 39 in ICE custody on September 22, 2025, from complications of an abscess on his buttock.
That’s according to the San Bernardino County Sheriff’s Coroners Report, obtained by POGO through public records requests. The coroner’s report indicated that Ayala-Uribe had complained of fever, shivers, and rectal bleeding for three weeks while detained at Adelanto. “Family stated the ICE facility did not provide him with medical attention and were only administering Tylenol,” the coroner’s report noted.
Christopher Ferreira, a spokesperson for GEO Group, the private prison company that runs Adelanto, declined to comment on this investigation in an email to POGO, directing reporters’ questions to ICE. ICE did not respond to requests for comment.
“If this is what [the inspectors] claim is ‘Superior,’ and if they're inspecting facilities nationwide, I cannot imagine what those other facilities are like.”
ICE’s detainee death report for Ayala-Uribe makes no mention of medical care following his initial screening on the day he arrived at Adelanto, until a “medical emergency” in his dorm four days before his death.
ODO officials inspected Adelanto just days before Ayala-Uribe’s death and gave the facility zero violations for medical care and a rating of “Good.” The report noted, “most detainees reported satisfaction with facility services.” Adelanto’s fiscal year 2025 rating of “Good” was a downgrade. From fiscal years 2022 to 2024, the facility had consistently received “Superior” ratings by ODO. As of August 11, ODO had not yet published a 2026 inspection report for Adelanto.
Another official inspection of the facility that same year arrived at starkly different conclusions. The California Department of Justice inspected Adelanto in July 2025, finding inadequate medical and detention staffing levels, failures to do consistent medical, dental, and mental health screenings, and failures to provide “necessary and timely medical treatment, even for emergency care.” (California is one of the first states to conduct inspections of ICE detention facilities; most don’t.)
The California attorney general is not the only one to contradict ODO’s findings about Adelanto. Advocacy groups, attorneys, people held at Adelanto, and lawmakers have consistently decried substandard and dangerous conditions at the facility, all while ODO painted a rosy picture in reports.
Disability Rights California, a California-based advocacy group with legal authority to conduct inspections of ICE facilities, also identified issues with medical neglect and substandard conditions in a 2025 inspection of Adelanto. Paula Sandoval, a supervising investigator at Disability Rights California, told POGO Investigates that Adelanto’s history of “Superior” and “Good” ratings by ODO did not sound accurate.
“If this is what they claim is … ‘Superior,’ and if they're inspecting facilities nationwide, I cannot imagine what those other facilities are like,” Sandoval said in an interview.
Alison Steffel, an attorney who said she has visited Adelanto at least five times this year, argues the characterization of medical care at Adelanto in ODO’s report is “blatantly untrue.” Steffel is an attorney in a lawsuit against Adelanto over conditions at the facility. A federal judge recently ruled in the case that people detained at the facility must be provided sufficient medical care and clean drinking water.
“They have this mechanism to do inspections and to make sure that people aren’t literally dying, but they’re not doing that,” Steffel said when asked why accurate inspections would be meaningful. She said she believes Adelanto should have failed two inspections by now, which would mean it would lose federal funding.
But in recent years, not a single dedicated ICE detention facility like Adelanto has failed an inspection.
ICE Doesn’t Give Itself a Failing Grade
The federal government designated inspection failures as a key threshold to hold ICE detention facilities accountable in cases of unsafe conditions: If a detention facility fails inspections twice in a row, it can lose eligibility for federal funding and be shut down, according to an appropriations measure passed by Congress.
“It is important that chronic failures to meet detention standards are not ignored,” the House report accompanying the bill stated.
Despite this provision — or perhaps because of it — detention facilities rarely received failing grades from inspectors between fiscal years 2022 and 2026. Detention facilities saw the highest number of failing grades in 2023, when 10% of the 113 inspected facilities failed their inspection reports. Only one of the 102 inspections conducted in fiscal year 2025 resulted in a failure. As of July 23, every detention facility passed their inspection for fiscal year 2026.
ODO’s inspection report data also shows that, since fiscal year 2022, facilities used solely for ICE detention have never failed an inspection.
Non-dedicated facilities, which incarcerate a mix of people held by the county or municipality for criminal charges and people detained by ICE, now face less scrutiny by ODO than in past years. Formerly, Congress mandated that any facility incarcerating 10 or more people for ICE for over 72 hours had to conduct inspections twice a year. But ICE changed that in 2025 after Congress didn’t require inspections in the new funding bill, according to reporting by CBS News. ODO now must inspect dedicated facilities only once per year and non-dedicated facilities every other year.
Between fiscal years 2022 and 2026, only six facilities failed two inspections in a row: Baldwin County Correctional Center in Alabama; Randall County Jail in Texas; Cache County Jail in Utah; Cobb County Jail in Georgia; and Elmore County Jail and Minicassia Detention Center in Idaho. Even though the DHS provision indicates they should have lost federal funding and their contract with ICE, five of those six facilities are currently used for ICE detention.
Shuchart said he’s not surprised. “The failure mechanism that Congress has put in has literally never worked,” he said, “They’ve always allowed ICE to get away with granting waivers or excusing [violations].”
ICE can grant waivers for facilities, “in essence exempting the facility from compliance” with detention standards, according to a 2018 report by the DHS inspector general’s office.
“Mushy” Standards
ICE designs the standards that detention facilities are held to, and those standards are then used to determine what rating a facility gets and whether it passes or fails an inspection. According to former senior ICE official Claire Trickler-McNulty, these standards are part of the problem when it comes to facilities actually being held accountable for poor conditions.
ICE subjects different facilities to different sets of detention standards, which have become increasingly watered down over the years, according to former senior ICE officials. In fiscal year 2026, POGO Investigates found that ICE detention facilities could be inspected using six different sets of detention standards, based on the year the facility signed a contract with ICE. These include the newest 2026 standards, which ICE described as streamlined.
The differences in these standards can be significant for the people held by ICE: The new 2026 standards, for example, removed protections that would require detained people to be paid for participating in the facility’s “Voluntary Work Program.” The Washington Post reported this change was made after ICE contractor GEO Group privately asked for it.
There are numerous cases of ICE detention standards shifting away from specificity in recent years, removing clear requirements for maintaining safe conditions, including how often certain aspects of the facility should be inspected and by whom. For example, the 2011 standards required a state laboratory to test the water in ICE detention facilities every year. The 2026 standards removed the annual requirement and omitted the mandate that a state laboratory (i.e., an independent body) do the testing.
Although ICE did not respond to interview and comment requests for this investigation, the agency’s website indicates that the revised 2026 standards are intended to “reduce the burden on detention operators.” The introduction of the 2026 standards indicates that “Detention conditions shall be non-punitive and ensure the due process, health, safety, and security of all individuals in custody.”
ODO’s use of varying detention standards is no accident, according to Trickler-McNulty, who said the standards are “a mess.”
“When you make the standards language mushy, it’s very hard to translate that into actual inspection findings and inspection findings that could be leveraged against the facilities,” Trickler-McNulty said.
Fleischaker tied the expansion of detention under the Trump administration directly to watered down ICE standards for inspections. “They want to be able to have more detention facilities. They want to be able to do it cheaper. They want to be able to do it faster and simpler,” she said. “That means it is difficult to live up to the more robust detention standards.”
A Steep Drop in Violations
Alma Bowman has been detained by ICE multiple times, despite filing court petitions arguing she is actually a U.S. citizen. She was most recently detained at Stewart Detention Center in Georgia for eight months in 2025, and, prior to that, at Irwin County Detention Center in Georgia for over three years. There, she was one of the whistleblowers whose testimony led to a Senate committee investigation which found that the facility subjected women to “excessive, invasive, and often unnecessary gynecological procedures.”
During an interview, we informed Bowman that Stewart Detention Center had received no violations for medical care in fiscal year 2025, the time she was there.
“That’s really funny,” Bowman said, laughing. She recalled how people detained there who were sick were “lucky if you get seen within a week.” Bowman has sleep apnea and uses a CPAP machine to sleep. She described extensive difficulties in obtaining permission to plug in her machine at night. She is also a diabetic, but when she was first detained at Stewart, she didn’t have her diabetes medication on her. She said it took about a month before she was able to see a doctor, and that she also faced delays in getting medication.
According to the standards that ODO used to evaluate Stewart in fiscal year 2025, people who take medications are supposed to be seen by a health care professional no more than 24 hours after arriving at the facility.
Ryan Gustin, spokesperson for Stewart contractor CoreCivic, said the contention that ODO inspection findings don’t reflect on-the-ground conditions “does not hold” at Stewart. He cited ODO’s inspection report as evidence that Stewart’s medical care is not deficient. Gustin disputed all of Bowman’s claims, arguing that people detained at the facility have daily access to medical care, that people with diabetes get “blood sugar testing, insulin and diabetic medications,” and that accommodations are made for CPAP machines. In Bowman’s case, he said she “was regularly monitored by facility medical staff, with all known medical issues being addressed.” He also said the facility’s medical care receives “layered, continuous oversight,” including government monitoring and audits.
Recent media reports about the facility also allege substandard medical care, and a Senate investigation led by Senator Jon Ossoff (D-GA) details medical neglect at facilities that include Stewart. In July, 29-year-old Prisciliano Trejo Ricano died after he was allegedly denied medical care while detained at Stewart.
Gustin said he is “deeply saddened” by the passing of any person in CoreCivic’s care, but that Trejo Ricano was “appropriately screened” and no medical problems were disclosed or identified. Trejo had posted on Facebook about the lack of medical care at Stewart prior to his death, according to reporting by Mother Jones. He was diagnosed with acute leukemia and released from ICE’s custody while in a coma. His death does not appear in ICE’s official tally of deaths because he was no longer officially in ICE custody at the time of his death.
Nationwide, the average number of detention inspection violations dropped by nearly 70% between fiscal years 2022 and 2025. Between fiscal years 2024 and 2025, the average number of violations dropped by more than half — the largest year-over-year drop from 2022 to 2026. During this same time period, there has also been a significant drop in the number of initial and follow-up inspections of ICE detention facilities.
In July, CBS News published an investigation on violation trends in ODO inspection reports compared to facility size. While the number of reported violations generally trended downward since 2019, they found that the number of violations at larger facilities has trended upward since fiscal year 2025. They also found that when facilities switched to using the May 2025 U.S. Marshals Service’s standards, the average number of violations dropped sharply.
Even when a detention facility does receive many violations, ICE may not have the infrastructure needed to take action. ICE’s process to remediate problems found in detention facilities has “never worked,” according to Shuchart.
“There is no office in [Enforcement and Removal Operations] that is equipped with enough people or enough power to take the result of an ODO inspection … and really fix all the problems,” he said.
It’s also unclear what kind of relationship a facility’s violations have with the ultimate rating they receive, in part because the rubrics for how ratings are determined are not made public. For example, Camp East Montana in El Paso, Texas received an “Acceptable/Adequate” rating despite having 49 standards violations listed in the 2026 inspection report, among the highest number of violations in a single report of any facility. During the period analyzed, only three other detention facilities — Euless City Jail in Texas, River Correctional Center in Louisiana, and Allen Parish Public Safety Complex in Louisiana — received as many violations and still passed the inspection.
Of the 15 facilities with the most violations between fiscal years 2022 and 2026, eight were rated either “Acceptable/Adequate” or “Good.”
Meghan Squires, an Assistant Director at the Government Accountability Office (GAO) who worked on a 2025 report about ICE’s facility inspection program, said the relationship between a facility’s total number of standards violations and what rating that facility gets “doesn’t quite make sense.”
“You can get a lot of [violations] but still pass,” she said, explaining that even though the GAO identified over 5,000 violations in fiscal years 2022 through 2024, most facilities passed. “That, I think, is hard to square up.” Squires said the GAO did not have access to the worksheet that ODO used at the time to conduct inspections.
“ODO officials told us that the strategic goal of the inspection program has been to ensure the health, life, safety, and welfare of detained individuals,” the GAO report reads, explaining that ODO has not adopted any performance goals or measures to ensure that actually happens.
"We’re talking about people’s lives, we’re talking about people’s dignity. We’re talking about people’s freedom being taken away from them.”
The GAO also issued a separate report in June about oversight failures at Camp East Montana, finding that the facility did not meet ICE’s National Detention Standards and didn’t conduct required inspections. In a written response to the report, DHS Director of Financial Management Jeffrey Bobich emphasized that the average time a person is detained at Camp East Montana is low, and said, “DHS remains committed to protecting America by enforcing immigration laws.” As of July 9, the average detention period at Camp East Montana is 12 days.
Among the GAO’s recommendations to DHS, there was one the agency refused to adopt. It would have entailed reinstating a sub-agency that conducted inspections at detention facilities. That sub-agency was one of several DHS oversight bodies that were shuttered in 2026.
As ICE arrests record numbers of people and detains them in detention facilities, the agency has struggled to leverage detention standards in a way that would hold detention facilities accountable, according to Trickler-McNulty.
“There’s a million ways detention can be bad, or miserable, or hard,” said the former senior ICE official, “and without really understanding all of the things that are happening at a facility and doing a robust accounting, certainly, conditions can get very bad.”
For people who have been detained by ICE, like Leqaa Kordia, these failures to create and uphold adequate standards have very real implications.
“We’re talking about people’s lives,” Kordia said. “We’re talking about people’s dignity. We’re talking about people’s freedom being taken away from them.”
Data analysis contributed by Aarushi Sahejpal
Correction: A previous version of this story said the dataset of inspection reports included 174 unique facilities. This story has been corrected to reflect that those reports covered 175 facilities.
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